El concurso para designar al fiscal general del Estado titular sigue en marcha, luego de que el Pleno del CPCCS resolviera las apelaciones de los candidatos descalificados por la Comisión Ciudadana de Selección en la etapa de impugnaciones. La candidatura del doctor Leonardo Alarcón continúa firme en el proceso. Desde la revisión de requisitos, la calificación de méritos hasta el escrutinio público e impugnación, Alarcón ha figurado entre los postulantes mejor puntuados (46,50). Su amplia trayectoria como funcionario de carrera en la Fiscalía acredita el mérito y la probidad para liderar el Ministerio Público como lo ha hecho en este último tiempo en calidad de fiscal general encargado. La única impugnación a su candidatura fue archivada por inasistencia del impugnante.
Cómo funciona el filtro: de la impugnación ciudadana a la descalificación:
Cualquier ciudadano puede impugnar a un postulante. El procedimiento sigue estos pasos:
• Presentación: el ciudadano entrega su escrito, con documentos de respaldo, ante la Comisión Ciudadana de Selección.
• Admisión: la Comisión verifica los requisitos formales —identificación de las partes, causal invocada y documentos adjuntos— y decide si da trámite.
• Audiencia pública: el impugnante expone sus argumentos y pruebas; el postulante presenta sus descargos. Si el impugnante no comparece sin justificar su ausencia, la impugnación se archiva.
• Resolución: la Comisión vota cada impugnación de forma individual. En los casos revisados votaron ocho miembros.
• Apelación: el postulante afectado puede apelar ante el Pleno del CPCCS, que el 23 de octubre de 2026 ratificó las descalificaciones de Camacho, Romero, Montecé y Macías.
El estándar aplicado es la probidad notoria y la idoneidad. Según explicó el miembro de la Comisión Santiago Arpi, la Comisión se apoyó en la sentencia 2926 de la Corte Constitucional, que define la probidad en tres dimensiones —jurídica, ética y política—; en el caso de la jueza Camacho se aplicó la dimensión ética.
Las cifras del proceso:
• 75 postulaciones se registraron al inicio.
• 28 postulantes superaron la admisibilidad; los otros 47 quedaron fuera en esa etapa, principalmente por no presentar el medio magnético requerido, según la presidenta de la Comisión, Cynthia Jacho.
• 26 postulantes llegaron a la fase de impugnaciones; 21 fueron descalificados (81%) y 5 continúan.
• Siete impugnaciones aceptadas explican la salida de los cuatro postulantes mejor puntuados que no continúan.
Daniella Camacho (48 puntos): amistad íntima declarada con un sentenciado del caso Las Torres:
La jueza nacional Camacho llegó a la fase de escrutinio público e impugnación como la mejor puntuada. Mediante la Resolución CCS-FGE-SA-00205-2026, la Comisión aceptó la impugnación del ciudadano Gary Cedeño —30 años, magíster en Derecho Penal y funcionario de la Alcaldía de Otavalo. El fundamento fue la falta de probidad e idoneidad: en el caso Las Torres, en el que fue sentenciado el excontralor Pablo Celi, Camacho presentó una excusa declarando amistad íntima con él.
Luego, ella respondió que excusarse ante un posible conflicto de interés es un deber legal y no una falta de probidad, y que una excusa no es una sanción disciplinaria ni una inhabilidad para ejercer cargos públicos y en la audiencia de septiembre de 2026, no negó su cercanía: la defendió como evidencia de su imparcialidad. La Comisión concluyó, que el estándar de probidad e idoneidad exigible para el cargo resulta incompatible con haber declarado ese vínculo en causas de trascendencia nacional. Arpi añadió en el programa "De lunes a lunes" que el impugnante planteó la diferencia entre un juez, que debe ser imparcial, y un fiscal, que debe ser objetivo.
El 23 de octubre, el Pleno del CPCCS rechazó la apelación de Camacho y, además, acogió el recurso del abogado Patricio Rosero, que cuestionaba otra excusa por la misma causal en un caso relacionado con Wilman Terán, quien acumula sentencias por corrupción. Con ello el Pleno sumó un segundo motivo de exclusión. Por tanto, Camacho fue excluida por cuestionamientos sobre su probidad e idoneidad, relacionados con excusas judiciales en causas vinculadas con Pablo Celi y Wilman Terán y el CPCCS ratificó su descalificación.
Maritza Romero (47,25 puntos): tres resoluciones, ocho votos cada una:
La jueza provincial de Pichincha ocupaba el segundo lugar. Su salida responde a tres resoluciones individuales:
• Impugnación de Víctor Hugo Cañizares (Resolución CCS-FGE-SA-00201-2026). Alegaba inducción a error para obtener un punto por acción afirmativa rural al declarar residencia en Cumbayá. El impugnante sostuvo que Romero no había solicitado ese beneficio en el concurso de la Defensoría Pública de 2022 y que los catastros municipales ubican su predio en zona urbana. Ella respondió que en 2022 llevaba solo dos años en la zona y que en 2026 ya cumplía cinco.
• Impugnación de Saddim Molina. Cuestionó su probidad por supuestas inconductas en su ejercicio judicial en la Corte de Pichincha. Primicias señala que el escrito no detalló en qué casos; Romero presentó 100 hojas de descargos.
• Impugnación de Mónica Jaramillo (Resolución CCS-FGE-SA-00200-2026). Planteó reproches éticos a sus fallos. Romero presentó 277 fojas de prueba, alegando apego al debido proceso y ausencia de sanciones.
La Comisión desestimó otras cinco impugnaciones contra Romero, entre ellas tres del abogado Carlos Bravo, además de las de Carlos López y Luis Cangahuamín. El 23 de octubre el Pleno rechazó su apelación y la descalificación quedó en firme.
Salomón Montecé (46 puntos): una impugnación aprobada por unanimidad
La Resolución CCS-FGE-SA-00234-2026, aprobada el 6 de octubre con ocho votos afirmativos, aceptó la impugnación de Hamilton Taramuel, quien cuestionó la probidad notoria y la idoneidad del aspirante con observaciones sobre su trayectoria profesional (Primicias no detalla cuáles). Montecé respondió que se trataba de juicios subjetivos. Taramuel, un ciudadano de 19 años, impugnó a cuatro candidatos; solo se presentó —a través de una abogada— a sustentar su impugnación contra Montecé, que fue la que prosperó. El CPCCS ratificó la descalificación el 23 de octubre.
Walter Macías (46 puntos): dos resoluciones, siete votos y una abstención
El exjuez nacional sumaba 46 puntos tras la recalificación. Una de las resoluciones aceptó la impugnación de Marcelo Ortiz, quien cuestionó la valoración probatoria de la sentencia de inocencia a favor de Danilo Veliz en la causa por desvío de fondos para el Hospital de Pedernales durante la pandemia, y aludió al testimonio anticipado de Helive Angulo, alias 'Estimado', en el caso Metástasis, sobre supuestos sobornos que habrían sido pagados a Macías cuando era juez en Portoviejo. Macías respondió que la Fiscalía no apeló ese fallo y presentó la orden de archivo definitivo dictada el 18 de julio de 2025.
En las audiencias del 21 de septiembre se debatieron otras dos impugnaciones: una por la demora de más de seis meses en emitir por escrito una sentencia tras una audiencia de casación de febrero de 2023, y otra por un pedido de diferimiento en una audiencia de diciembre de 2025. Macías respondió que la demora no podía atribuírsele durante sus períodos de suspensión y que el tribunal no reportó infracción alguna en 2025.
Su historia pública incluye su destitución como juez nacional en 2023, mientras tramitaba el caso Vocales, y la sentencia de primera instancia de diciembre de 2024 contra Wilman Terán y Maribel Barreno por obstrucción de la justicia, en la que se reconoció a Macías como víctima indirecta.
Los cinco que continúan también fueron impugnados:
El mismo mecanismo se aplicó a quienes siguen en carrera. Según los documentos del concurso, el resultado fue distinto porque las impugnaciones se archivaron o se negaron:
• Leonardo Alarcón (46,50): la impugnación de Leonid Arboleda Fabara se archivó el 21 de septiembre porque el impugnante no compareció a la audiencia.
• Mario Fonseca (37,75): se negó la impugnación de Luis Cangahuamín, que cuestionaba la acreditación de diez años de experiencia penal.
• Juan Vicente Guaño (37,75): se negó la impugnación de Camila Parra, que señalaba diferencias de fechas y de denominación de cargo en tres documentos.
• Andrea Cazar (37): la impugnación en su contra fue archivada.
• Patricio Haro (34,50): se negó la impugnación de Jeremy Guanoquiza, sobre los conocimientos en gestión administrativa.
El rechazo o el archivo de una impugnación no valida ni descarta por sí mismo los hechos alegados: indica que la Comisión no consideró configurada la causal. Es el mismo criterio que condujo a aceptar las siete impugnaciones anteriores.
Lo que sigue: la fase de oposición aporta 50 puntos:
Los cinco postulantes pasan a la fase de oposición, que otorga 50 puntos: una prueba escrita de 30 puntos, elaborada a partir de un banco de preguntas preparado por catedráticos universitarios, y una prueba oral de 20 puntos, con resolución pública de casos prácticos hipotéticos.
Cada resolución del concurso puede revisarse por las vías previstas; el CPCCS las publica en su portal. La ciudadanía tiene derecho a examinarlas y a exigir que el proceso se cumpla conforme al reglamento.
Las alegaciones recogidas en este comunicado corresponden a lo planteado por los impugnantes y a lo resuelto por la Comisión de Selección sobre idoneidad y probidad para el concurso; no constituyen pronunciamiento sobre responsabilidad penal, civil ni disciplinaria de persona alguna, y todas las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia. La información proviene de la reseña de Primicias del 27 de octubre de 2026 y de documentos del concurso; las resoluciones motivadas pueden consultarse en el portal del CPCCS.