La FECAB - BRUNARI denuncia persecución política y rechaza acusaciones contra dirigente indígena en el marco del Paro Nacional

​La FECAB - BRUNARI ha emitido una enérgica denuncia contra lo que califica como un intento de "persecución política" por parte del Gobierno de Daniel Noboa. La organización indígena asegura que se están orquestando "falsas acusaciones" contra sus líderes en represalia por su participación activa en el Paro Nacional 2025 y su defensa de los derechos colectivos.

​El centro de la controversia es el presidente del Consejo de Gobierno Comunitario del Pueblo Waranka FECAB–BRUNARI, Esteban Chacha Toapanta. Según el comunicado de la organización, el Gobierno estaría intentando levantar en su contra, y contra otros dirigentes a nivel nacional, acusaciones de “Enriquecimiento Privado No Justificado”.

​La FECAB-BRUNARI es contundente al afirmar que el único "delito" de su compañero es haber ejercido su derecho constitucional a la protesta social, "defender al pueblo, alzar la voz contra el paquetazo y proteger nuestros territorios de la minería".

​La organización indígena interpreta estos movimientos judiciales como parte de una estrategia gubernamental más amplia para "convertir la protesta social en un crimen". En su comunicado, la organización contrasta el trato que reciben los líderes sociales con la situación de otros actores en el país: "Mientras los verdaderos evasores y responsables de la crisis caminan libres, a los luchadores sociales se les persigue con procesos judiciales amañados".

​Este rechazo se alinea con las preocupaciones expresadas por otras organizaciones del movimiento indígena y social del país, incluida la CONAIE, que han denunciado históricamente la criminalización de la defensa de los derechos y territorios. La FECAB-BRUNARI reitera su posición con la consigna: “¡Defender nuestros derechos no es un delito!”.

​En el contexto del Paro Nacional, la denuncia de la FECAB-BRUNARI, con sede en la provincia de Bolívar, busca generar solidaridad y unidad entre las bases sociales. La organización moviliza a sus afiliados y a la ciudadanía en general bajo el lema "En Unidad" para rechazar lo que consideran una judicialización de la protesta y un intento de silenciar a las voces disidentes en Ecuador.

​Las comunidades y sus líderes esperan que las autoridades retiren las acusaciones, consideradas infundadas, y cesen las acciones que buscan limitar la capacidad de las organizaciones sociales para fiscalizar y oponerse a las políticas gubernamentales.