González acusa a fiscalía y gobierno de persecución política
28 ene 2026
Luisa González, excandidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), calificó como persecución política la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en el marco del denominado caso “Caja Chica”, que indaga presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
La Fiscalía, que en las últimas horas ejecutó allanamientos en la vivienda de González y de otras figuras políticas, sostiene que existen indicios de un presunto ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar actividades proselitistas durante los comicios de ese año. La institución judicial realiza la investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, aunque no se han formulado cargos específicos ni se han realizado detenciones hasta el momento.
González negó enfáticamente cualquier aporte irregular y aseguró que ni ella ni su movimiento han recibido un solo centavo de la política venezolana o de grupos delictivos. Además, afirmó que su organización política fue la única que presentó sus reportes de financiamiento en tiempo y forma ante las autoridades electorales.
La excandidata también cuestionó que su domicilio fuese allanado en la madrugada del 28 de enero de 2026 por una denuncia presentada con reserva de nombre, y criticó que Marcela Aguiñaga, quien lideraba parte de la organización en ese momento, no figure entre las personas indagadas.
En sus declaraciones, González dirigió duras críticas al presidente Daniel Noboa, al que acusó de cobarde frente a la actual crisis de seguridad y por no presentar pruebas concretas de supuestos vínculos de la Revolución Ciudadana con carteles del narcotráfico, una narrativa que ha circulado en algunos sectores del oficialismo.
La ex candidata también sostuvo que existe una protección hacia aliados del Gobierno y una persecución contra opositores, señalando al fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, como responsable de impulsar procedimientos judiciales en casos como el de la empresa Triple A y el exconcejal “Nené”, aunque no aportó evidencia pública que respalde estas acusaciones.
La difusión de estos pronunciamientos se produce en medio de una intensa discusión política y mediática en torno al uso de recursos, la transparencia en el financiamiento electoral y el alcance de las investigaciones judiciales relacionadas con campañas políticas en Ecuador.
