

Asamblea nacional investigará a RC por presunto financiamiento de Maduro para campaña

5 ene 2026
La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó una resolución mediante la cual rechazó cualquier intento de encubrimiento del régimen de Nicolás Maduro y dispuso el inicio de un proceso de fiscalización a la organización política Revolución Ciudadana, ante un presunto financiamiento proveniente de Venezuela durante su campaña electoral.
Durante la sesión del Pleno, el Legislativo calificó al régimen venezolano como una organización criminal, subrayando que no se permitirá el silencio político ni la relativización frente a posibles vínculos con recursos de origen ilícito. Los asambleístas insistieron en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de las organizaciones políticas.
Como parte de la resolución, la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social será la encargada de investigar el origen de los fondos que habrían ingresado a la campaña de Revolución Ciudadana, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
Asimismo, la Asamblea solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega de informes, registros y documentación relacionados con el control, legalidad y procedencia de los aportes y gastos de campaña, con el objetivo de esclarecer el origen de los recursos utilizados.
En el mismo documento, la Asamblea Nacional expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y ratificó el respaldo del Ecuador a una transición democrática, basada en el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías del Estado de derecho.
La resolución también recuerda la profunda crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela, así como las reiteradas denuncias de la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos y el desplazamiento forzado de millones de ciudadanos venezolanos.
El Legislativo reiteró que el Ecuador no puede ser indiferente frente a posibles injerencias extranjeras en sus procesos democráticos y que se llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar la transparencia política.

