El Austro se suma al paro nacional

El paro nacional, que inició el 22 de septiembre de 2025 en Imbabura contra la eliminación del subsidio al diésel y tras la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez, cumple nueve días y se expande a más provincias del país.

En la jornada de este martes 30 de septiembre, comunidades de la Sierra Centro, la Amazonía y el Austro se sumaron a la medida, generando un escenario de mayor conflictividad. Desde primeras horas de la mañana, carreteras de al menos cinco provincias registraron cierres totales y parciales, de acuerdo con reportes oficiales.

Cierres de vías
Azuay: vías Cuenca–Molleturo–Naranjal y Cuenca–Cañar–Alausí cerradas por presencia de manifestantes.
Cañar: bloqueos en Zhud–Cañar, sectores de Coyoctor y Honorato Vásquez, además de la vía Cuenca–Zhud–Cochancay.
Chimborazo: cierres en la vía Riobamba–Cuenca, a la altura de Tixán, Charicando y en el ingreso al cantón Chunchi.
Imbabura: protestas en Ibarra–Zuleta–Cayambe, puente de Rumipamba, Coñaqui, Otavalo–Quiroga (con escombros en la vía) y bloqueos en la E35 a la altura de Carabuela y Peguche.
Pichincha: presencia de manifestantes en Quito–Cayambe (sector puente San José y Loma Gorda), así como en Guayllabamba–Tabacundo, sector La Esperanza.
Reacción del Gobierno

El presidente Daniel Noboa, en cadena nacional, ordenó el desbloqueo inmediato de las vías y calificó a los manifestantes de “terroristas”. “Imbabura no está sola, no vamos a permitir que anden bloqueando las vías que son de todo el Ecuador. El Ecuador es uno”, señaló.

El Gobierno apunta a que en Imbabura existe contrabando de combustibles y ha advertido que los cierres están provocando desabastecimiento.

Procesos judiciales

Hasta el momento, 12 personas detenidas en Otavalo enfrentan procesos bajo la figura de terrorismo. El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que alrededor de un centenar de detenidos a nivel nacional serán procesados por terrorismo y paralización de servicios públicos.

Mientras tanto, el movimiento indígena y organizaciones sociales mantienen su postura de continuar en resistencia, denunciando represión y responsabilizando al Ejecutivo de la escalada de violencia en el país.