Cabecilla de GDO habría mantenido contratos con el estado ecuatoriano

Stalin Rolando Olivero Vargas, conocido como alias Marino, fue identificado por el ministro del Interior, John Reimberg, como uno de los cabecillas del grupo criminal Los Lagartos, organización con presencia en el sur de Guayaquil y presunta vinculación con delitos de narcotráfico, sicariato y extorsiones. El nombre de Olivero tomó relevancia pública tras conocerse que, además de su perfil criminal, estuvo relacionado con empresas de seguridad privada que lograron contratos con entidades estatales.

Investigaciones periodísticas revelan que alias Marino adquirió en 2022 participación accionaria en la empresa Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda., dedicada a servicios de seguridad, investigación y guardianía. Esta compañía, que ya contaba con habilitación legal para participar en procesos de contratación pública, obtuvo al menos un contrato con la Empresa Pública de Agua Potable Hidroplayas EP, por un monto aproximado de USD 90.665, mediante un proceso de subasta inversa electrónica, según consta en el sistema oficial de compras públicas.

Como empresa de seguridad privada, Vigpromax también obtuvo permisos oficiales para el porte de armas, lo que permitió registrar cerca de un centenar de armas destinadas a sus operaciones, mientras Olivero aún figuraba como accionista. La ausencia de inhabilidades formales permitió que la compañía accediera legalmente a procesos estatales, pese a que uno de sus socios era objeto de investigaciones policiales.
Alias Marino fue asesinado la noche del 7 de enero de 2026 durante un ataque armado en la urbanización Mocolí Golf Club, en la Isla Mocolí, cantón Samborondón, provincia del Guayas.

Según información preliminar, sicarios fuertemente armados irrumpieron en una cancha deportiva donde se encontraba jugando fútbol y lo ejecutaron junto a otras dos personas. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, que muestran cómo los atacantes identificaron previamente a sus objetivos.

Las autoridades confirmaron que Olivero era considerado un objetivo de alto valor por la Policía Nacional y que el crimen estaría relacionado con disputas entre organizaciones criminales. Una de las hipótesis apunta a que alias Marino intentaba vincularse con la banda rival Los Lobos. El caso ha reabierto el debate sobre los controles en la contratación pública, especialmente en empresas de seguridad privada que manejan armamento, así como la necesidad de fortalecer los filtros para evitar posibles nexos con estructuras delictivas.