Oficialismo no asegura los votos para aprobar proyecto urgente

El Gobierno enfrenta un nuevo desafío en la Asamblea Nacional. Pese a la prioridad que ha otorgado al proyecto de ley urgente para combatir las economías criminales, el oficialismo no tiene asegurado el respaldo necesario para su aprobación y deberá negociar con otras bancadas como Pachakutik, los independientes y los socialcristianos.

La propuesta ha recibido críticas contundentes desde el correísmo, que ya anticipó su voto en contra. El bloque de la Revolución Ciudadana considera que el proyecto es inconstitucional, al no cumplir los requisitos de una ley económica urgente y al abrir la puerta a posibles excesos de la fuerza pública. Cuestionan particularmente las facultades que se otorgarían al bloque de seguridad para realizar allanamientos y detenciones sin orden judicial, la creación de jueces y fiscales especiales, y el establecimiento de procesos de juzgamiento acelerado.

Estas mismas preocupaciones han generado divisiones dentro del bloque de Pachakutik. Sus nueve legisladores aún no definen una posición unificada y han sido convocados para una reunión interna por su jefe de bloque, Alex Toapanta, en la tarde de este lunes.

Mientras tanto, los tres asambleístas independientes han mostrado apertura a apoyar el proyecto, pero solo si se introducen cambios. Cristian Benavides, uno de ellos, anunció que presentará observaciones por escrito para eliminar aspectos que, según él, permitirían el uso de fuerza sin control judicial y podrían derivar en persecuciones injustificadas.

Desde el oficialismo se defienden los lineamientos de la propuesta y se insiste en que no vulnera la Constitución. Sin embargo, se reconoce que durante el debate podrían hacerse ajustes para mejorar el contenido del proyecto.

Este lunes, también se prevé que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de mayoría oficialista, se reúna para calificar el proyecto del Ejecutivo y definir a qué comisión será remitido para su tratamiento inicial antes del primer debate en el pleno.

La lucha contra las economías criminales se perfila así como un nuevo pulso político en la Asamblea, donde los votos todavía están en juego.