Mujer condenada a 34 años por asesinato de hija de 3 años en Ecuador
7 mar 2024
La Fiscalía General del Estado ha comunicado la sentencia de Adriana Melissa A. A., residente de Chimborazo, Ecuador, condenada a 34 años y ocho meses de prisión por el delito de asesinato. El caso se remonta al 21 de noviembre del 2022, cuando la mujer causó la muerte de su hija de tan solo 3 años en un acto de violencia extrema.
Los hechos trágicos ocurrieron luego de que la mujer golpeara repetidamente a su hija con un palo, provocándole heridas graves que resultaron en su fallecimiento inmediato. Según la autopsia médico-legal, la pequeña sufrió hemorragias y heridas significativas debido a los golpes infligidos por su madre.
La versión de Adriana Melissa A. A. alega que intentaba reprender a su hija por haber derramado un frasco de azúcar, sin embargo, las lesiones causadas resultaron en una muerte violenta e injustificada. Inicialmente, un tribunal de primera instancia consideró el caso como un homicidio, pero tras la apelación presentada por la Fiscalía, el delito fue recalificado como asesinato.
El cambio de calificación permitió que la sentencia inicial de once años y cuatro meses de cárcel se incrementara significativamente a treinta y cuatro años y ocho meses, en consonancia con la gravedad del acto perpetrado. Entre las pruebas presentadas se destacó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los resultados de una pericia realizada al palo utilizado como arma, el cual contenía cabellos de la niña.
La sentencia se fundamentó en el artículo 140, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como en las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 47 del mismo cuerpo legal, que incluyen cometer el delito con alevosía y fraude, y en contra de niños, niñas y adolescentes.
Este caso ha generado conmoción y reflexión en la sociedad ecuatoriana sobre la importancia de proteger los derechos y la integridad de los niños, así como la necesidad de prevenir y castigar la violencia doméstica en todas sus formas. La sentencia refleja el compromiso de las autoridades de Ecuador en garantizar la justicia y la seguridad para los más vulnerables.
