Ministra de Trabajo aclara puntos clave de la Ley de Integridad Pública

Ante las críticas y dudas generadas por la recién aprobada Ley de Integridad Pública, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó este martes cómo se aplicarán las evaluaciones a los servidores públicos y aseguró que se mantienen las compensaciones para quienes acceden a la jubilación desde los 60 años de edad.

La normativa, calificada como urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional, entró en vigencia el pasado 26 de junio tras su publicación en el Registro Oficial. Desde entonces, ha recibido rechazo por parte de organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quienes advierten posibles despidos masivos amparados en el nuevo sistema de evaluaciones.

Sin embargo, la ministra Núñez aclaró que estas evaluaciones no son una novedad, ya que existen desde el año 2010. Lo que ha fallado, dijo, ha sido la política para exigir su cumplimiento. “El Ministerio de Trabajo registra muy pocas evaluaciones en menos de 140 instituciones del sector público y los resultados de aquellas personas que dejan sus puestos por no pasar las pruebas es mínimo”, aseguró en una entrevista con Teleamazonas.

La funcionaria enfatizó que “no hay que tener miedo a la evaluación”, ya que esta busca promover la eficiencia administrativa en las entidades públicas. Añadió que el Estado invierte no solo en salarios, sino también en tecnología para brindar una atención más ágil y transparente a la ciudadanía.

De acuerdo con Núñez, las evaluaciones se realizarán cada seis meses y deberán ser aplicadas por todas las instituciones públicas, con excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura, que tienen procesos distintos.

En relación con la jubilación, reiteró que se seguirán pagando las compensaciones bajo dos condiciones: 480 aportaciones sin límite de edad, o 360 aportaciones a partir de los 60 años. “Existe una confusión deliberada. No se ha modificado la edad de jubilación ni se ha eliminado el derecho a la compensación”, sentenció.

Finalmente, descartó que la ley sea inconstitucional y recalcó que las evaluaciones responden a lo establecido en la Constitución en materia de eficiencia y transparencia del sector público.