Lucio Gutiérrez, multado por violencia política de género

El expresidente de la República y actual asambleísta, Lucio Gutiérrez, fue declarado culpable de ejercer violencia política de género contra la candidata a legisladora Elsa Guerra, del Partido Socialista Ecuatoriano. El hecho ocurrió durante un debate realizado el pasado 26 de enero en una universidad de Guayaquil.

Según la sentencia emitida el 21 de abril por el juez Fernando Muñoz, Gutiérrez incurrió en violencia simbólica al referirse a Guerra con términos como “lora” y “borrego”. El magistrado consideró que el lenguaje utilizado no fue accidental ni aislado, sino que transmitía un mensaje de inferioridad intelectual hacia la mujer política.

“El adjetivo ‘lora’ fue usado para transmitir el mensaje de que la doctora Elsa Genoveva Guerra Rodríguez, en sus actuaciones, no razona”, argumenta el fallo. El juez añadió que estas expresiones configuraron un caso de violencia simbólica y estereotipos de género dentro del ejercicio político.

El altercado ocurrió luego de que Guerra cuestionara la propuesta de seguridad de Gutiérrez y recordara episodios polémicos de su vida política. Como respuesta, el asambleísta expresó: “Los borregos sin cerebro repiten como loras: se fue en el helicóptero, se fue en el helicóptero…”, mientras caminaba por el set, acción que Guerra interpretó como un intento de intimidación.

Durante la audiencia, Elsa Guerra declaró que los comentarios la afectaron psicológicamente, y estuvo al borde del llanto. El juez acogió este testimonio como parte del análisis del impacto emocional y simbólico del incidente.

Como parte de la sanción, Gutiérrez deberá pagar una multa de USD 11 750, ofrecer disculpas públicas, borrar una publicación en la red social X donde se refería al incidente, y recibir capacitaciones en violencia política de género. Además, no podrá emitir contenido alguno que aluda a Elsa Guerra en relación con este hecho.

El fallo, sin embargo, es de primera instancia y aún no está ejecutoriado. Gutiérrez podrá apelar y solo estará obligado a cumplir con las sanciones si el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratifica la decisión del juez Muñoz.

Este caso marca un precedente en el tratamiento judicial de la violencia política de género en el país, especialmente en el marco de campañas electorales.