Gobierno asegura cero impunidad en el caso de Aidita Ati

El Gobierno Nacional ha reafirmado su compromiso de garantizar justicia en el caso del femicidio de Aidita Ati, subteniente hallada sin vida en el Fuerte Militar Napo. En una serie de declaraciones, altos funcionarios aseguraron que no habrá impunidad para los responsables.

Esteban Torres, viceministro de Gobierno, y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, se pronunciaron enérgicamente sobre el caso. Torres afirmó "como Gobierno, mostramos completa contundencia para que no solo la familia tenga la verdad de lo que sucede, sino que los perpetradores paguen sus penas.

Esas personas saldrán evidentemente de la institución militar y deben estar en la cárcel". Estas declaraciones fueron hechas durante una entrevista con Visionarios este martes 2 de julio del 2024.

Por su parte, el ministro de Defensa, Loffredo, en una rueda de prensa en Manta el lunes 1 de julio del 2024, expresó: “Este caso enluta a todas las Fuerzas Armadas. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley”.

Los cuatro militares procesados por el crimen tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial. Sin embargo, la Fiscalía ha advertido sobre el riesgo procesal debido a que los acusados siguen trabajando en el lugar donde presuntamente ocurrió el femicidio.

Pamela Montoya, abogada de la familia Ati, ha apelado estas medidas cautelares, argumentando que permitir a los sospechosos seguir trabajando en el sitio del crimen es inadecuado. Montoya explicó que los militares justificaron su situación alegando que tienen trabajo, son militares, tienen familia y una garantía económica.

El informe médico legal proporcionado a la familia revela que Aidita Ati fue estrangulada, golpeada y víctima de abuso sexual. Para esclarecer los hechos, Montoya ha solicitado la extracción de información de los celulares de los implicados y de la víctima, así como la información del personal a cargo del Fuerte Militar Napo en el momento del crimen.

El Gobierno Nacional se ha comprometido a seguir de cerca el caso y a garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Este compromiso con la justicia y la transparencia es un mensaje claro de que no se tolerará la impunidad en casos de violencia de género dentro de las instituciones militares.