Fiscalía aclara que las investigaciones a alcaldes no responden a filiaciones políticas

La madrugada de este miércoles, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron tres operativos en Naranjal, Guayas, en el marco del caso "Naranjal", que investiga una presunta estructura de corrupción en la Municipalidad relacionada con tráfico de influencias, falsificación y uso de documentos falsos, entre otros delitos. Uno fue un acto urgente en el domicilio del alcalde Juan Carlos Rivera y otro, un allanamiento a una finca vinculada a él. Rivera, elegido en 2023 por CREO y candidato a la reelección con el respaldo de ADN hasta que el movimiento se lo retiró, no se encontraba en esos lugares; la Policía lo detuvo más tarde y la Fiscalía informó que fue trasladado a sus instalaciones "para que rinda su versión".

Es el criterio que el fiscal general encargado, doctor Leonardo Alarcón, anticipó en agosto: investigaciones reservadas en curso contra autoridades locales y la decisión de actuar contra "cualquiera que sea la persona investigada", "con la misma contundencia y celeridad". Los datos de las últimas semanas permiten comprobarlo: la Fiscalía investiga hechos, no filiaciones.

Un mismo criterio, tiendas políticas distintas:

Las autoridades locales hoy alcanzadas por operaciones, detenciones o procesos llegaron al cargo con movimientos de todo el espectro:

• Revolución Ciudadana: Esmeraldas (Vicko Villacís), Espíndola (Álvaro García) y Machala (Darío Macas, reelegido en 2023 con PLAN y RC).
• Izquierda Democrática: Cuenca (Cristian Zamora) y El Tambo (René Castillo, en alianza con RETO, Amigo y Construye).
• RETO: Guayaquil (Aquiles Álvarez).
• Pachakutik: Jipijapa (Ángela Plúa) y Playas (Gabriel Balladares).
• Fuerza Ecuador, CREO y SUMA: Vinces (Juan Alfonso Montalván).
• CREO, con respaldo de ADN hasta el 29 de octubre: Naranjal (Juan Carlos Rivera).

Medios como Radio Pichincha han destacado, además, que los alcaldes de Vinces y de Naranjal mantenían una marcada cercanía con el Gobierno: la Fiscalía actuó igual en ambos casos.

Vinces: tres contiendas, tres tiendas políticas distintas

El caso de Vinces es ilustrativo. Juan Alfonso Montalván llegó a la Alcaldía en 2019 por Fuerza Ecuador (lista 10), el movimiento de Dalo Bucaram. En 2023 fue reelegido con el respaldo de una alianza de CREO y SUMA. En 2026 no podía buscar un nuevo mandato por haber cumplido dos periodos, y su esposa, Andrea Montes, es candidata a sucederlo en las elecciones seccionales del 29 de noviembre. Mientras tanto, el alcalde había expresado públicamente su respaldo al presidente Daniel Noboa y compartido actos con legisladores del movimiento ADN.

El 28 de octubre, la Fiscalía y la Policía lo detuvieron en la operación Gran Fénix 066, que investiga un presunto esquema de lavado de activos por unos USD 3,22 millones, con participación de su círculo familiar. Un juez dictó prisión preventiva para el alcalde y otras nueve personas. Ni la tienda política de origen, ni la alianza posterior, ni la cercanía con el Gobierno cambiaron el curso de la investigación.
Naranjal: acto urgente para recabar indicios.

El 29 de octubre, ADN retiró su respaldo político a Juan Carlos Rivera e inició su desafiliación, después de que se difundiera un audio que lo vincularía con el grupo delictivo Los Lobos; el alcalde lo calificó de "campaña sucia". Hasta este miércoles, la Fiscalía no había informado públicamente de actuaciones, algo que la ley permite porque la investigación previa es reservada (artículo 584 del COIP). Este 11 de noviembre, la institución confirmó el acto urgente en su domicilio para recabar indicios "relacionados con un hecho que podría dar lugar al inicio de una investigación" y los operativos del caso Naranjal.

Los señalamientos difundidos no constituyen una determinación judicial de responsabilidad, y la situación jurídica del alcalde deberá definirla un juez.

Los casos más avanzados:

Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO). En el Caso Triple A fue sentenciado en primera instancia a seis años y ocho meses de prisión y una multa de 12 salarios básicos unificados por comercialización ilegal de hidrocarburos. En el Caso Grillete recibió tres años de prisión, una multa de diez salarios básicos y la obligación de ofrecer disculpas públicas por no usar de forma permanente el dispositivo electrónico ordenado en Triple A; la pena fue ratificada en segunda instancia y la defensa impugnó ante la Corte Nacional. En el Caso Goleada, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, el proceso está en etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

Esmeraldas, Vicko Villacís (RC). El Caso Blindado investiga una presunta estructura que habría movilizado fondos de origen ilícito a través de acciones constitucionales y decisiones judiciales cuestionadas. El 15 de octubre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó por unanimidad las apelaciones y ratificó la prisión preventiva. El 18 de noviembre, a las 09:30, el alcalde y otras 14 personas naturales y tres empresas enfrentarán la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el propio fiscal general encargado emitirá el dictamen acusatorio.

Los jueces deciden y las decisiones se revisan:

• Medidas alternativas tras apelar: en Jipijapa, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha acogió la apelación de la alcaldesa y dispuso presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y grillete electrónico.

• Inmunidad electoral: en Playas, las autoridades señalaron que la condición de candidato inscrito del alcalde limita las actuaciones que pueden realizarse en su contra.

• Pedidos negados: el alcalde de Espíndola afirma que un juez negó un pedido de la Fiscalía para detenerlo con fines investigativos.

• Fuero: el alcalde de Espíndola confirmó que el allanamiento contó con la autorización del presidente de la Corte Provincial de Loja, por el fuero de su cargo.

Lo que ha dicho y hecho el fiscal general encargado:

Sobre el momento político de las investigaciones, el doctor Alarcón fue directo en agosto: la Fiscalía no actúa según haya o no momentos electorales para procesar a una persona, porque "todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos", y mientras ocupe el cargo procederá "de manera objetiva y sin miramiento alguno" frente a cualquier persona, sin importar su cargo o su filiación política. Sostuvo además que los procesos contra alcaldes no responden a persecución política, sino a expedientes que se reactivaron.