ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA REFORMA AL COOTAD: CONOCE LOS 14 CAMBIOS CLAVE QUE CAMBIARÁN LA GESTIÓN DE PREFECTURAS, ALCALDÍAS Y JUNTAS PARROQUIALES EN ECUADOR

​El Pleno del Legislativo unificó 14 propuestas en un paquete de 45 artículos que ajusta las reglas sobre fiscalización, seguridad ciudadana, gestión de riesgos, transparencia digital y permanencia en el cargo de las autoridades locales.

​Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La normativa unifica 14 proyectos de ley presentados por legisladores de distintos bancadas y busca reestructurar el funcionamiento administrativo, financiero y político de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales en todo el país.

​El cuerpo legal despachado introduce 45 artículos de modificación centrados en endurecer el control a las autoridades, dinamizar los trámites ciudadanos, incorporar competencias en seguridad y prevención de desastres, y normar la convivencia administrativa local.

​A continuación, el detalle exhaustivo de los 14 ejes reformatorios aprobados:

​1. Control a la conducción remota: Límite de 90 días por ausencia física

​La reforma fija un límite estricto de 90 días continuos para la ausencia temporal de alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales.
Se establece explícitamente que la participación o despacho a través de medios telemáticos o virtuales se contabilizará como ausencia física. Si una autoridad supera los tres meses fuera de su jurisdicción —incluso por licencias médicas prolongadas, medidas cautelares o litigios judiciales—, la situación se configurará como causal directa de remoción del cargo para dar paso a la sucesión legal.

​2. Sanción y remoción por paralización intencional de obras públicas

​Para frenar el abandono de proyectos por pugnas o sesgos políticos entre administraciones entrantes y salientes, el COOTAD tipifica como infracción grave y causa de destitución la suspensión o paralización deliberada de obras públicas iniciadas, contratadas o heredadas de gestiones anteriores. Los ejecutivos locales estarán obligados a garantizar la continuidad de la infraestructura técnica y social en beneficio de la comunidad.

​3. Competencia obligatoria en Seguridad y Convivencia Ciudadana

​La reforma otorga sustento legal explícito a la participación de los GAD en la gobernanza territorial de la seguridad. Los municipios y prefecturas deberán formular de manera obligatoria su respectivo Plan Provincial o Cantonal de Seguridad Ciudadana, destinando logística, infraestructura de videovigilancia y presupuesto en coordinación directa con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
​4. Fiscalización ampliada a las Empresas Públicas locales

​Los concejales urbanos y rurales, así como los consejeros provinciales, ven expandida su capacidad de fiscalización. La norma elimina trabas administrativas y habilita de forma directa a los ediles a solicitar información, auditar y controlar la gestión financiera, contractual y operativa de las Empresas Públicas (EP) municipales o provinciales (agua potable, alcantarillado, movilidad, aseo e infraestructura), sin requerir intermediación del ejecutivo local.

​5. Obligatoriedad de transmisiones en vivo y archivo digital público

​En favor de la transparencia y la participación ciudadana, todos los órganos colegiados (concejos municipales, consejos provinciales y juntas parroquiales) estarán legalmente obligados a transmitir en tiempo real, mediante plataformas digitales y redes sociales, la totalidad de sus sesiones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, deberán mantener un repositorio digital público y permanente con las actas, grabaciones y votaciones de cada norma territorial.

​6. Control de jornada laboral de 40 horas y presencia en territorio para concejales

​Se ratifica la exigencia de cumplimiento de la jornada laboral presencial de 40 horas semanales para las y los concejales. La reforma enfatiza que la labor legislativa local no se limita a la asistencia a las sesiones del concejo, sino que implica el trabajo continuo en comisiones, la atención a la ciudadanía en despacho y el recorrido de fiscalización en territorio, sujeto a mecanismos periódicos de rendición de cuentas.
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7. Incentivos y simplificación de trámites para Telecomunicaciones y Conectividad

​Con el objetivo de reducir la brecha digital, el texto prohíbe a los municipios imponer trabas burocráticas no justificadas o tasas arbitrarias que impidan el despliegue de infraestructura tecnológica (torres de telefonía celular y tendido de fibra óptica). A cambio de facilidades en el uso de suelo, las empresas operadoras deberán priorizar el despliegue de conectividad en zonas rurales y marginales.

​8. Implementación de la Ventanilla Única Electrónica

​La ley dispone la digitalización obligatoria de los trámites administrativos en todos los niveles de gobierno local. A través de la Ventanilla Única Electrónica, la ciudadanía podrá gestionar permisos de construcción, certificados de línea de fábrica, pagos de patentes y trámites catastrales. La medida apunta a reducir la burocracia, optimizar tiempos de respuesta y erradicar focos de discrecionalidad y corrupción en ventanillas presenciales.

​9. Agilitación en la regularización y venta de asentamientos de hecho

​Se simplifican las normas técnicas e instrumentos jurídicos para la regularización de la propiedad urbana y rural. Los municipios quedan facultados para efectuar la venta directa de bienes inmuebles de dominio privado municipal a favor de posesionarios u ocupantes históricos de asentamientos humanos consolidados, garantizando el acceso a escrituras públicas y a precios de valoración social.

​10. Institucionalización de atribuciones operativas para Viceprefecturas

​La reforma delimita competencias administrativas y operativas fijas para la figura de los viceprefectos y viceprefectas dentro de la estructura orgánica de los GAD provinciales.
Con esta medida se busca evitar la marginación de la autoridad electa y garantizar que sus funciones no queden supeditadas únicamente a la voluntad o delegación discrecional del prefecto en funciones.

​11. Rigurosidad técnica y demográfica para crear Cantones y Parroquias

​Frente al crecimiento desordenado de la división político-administrativa, se elevan las exigencias técnicas, los techos mínimos de densidad poblacional y los estudios de autosustentabilidad financiera requeridos para tramitar la creación de nuevas parroquias rurales o cantones en el país, previniendo la dispersión de recursos públicos.

​12. Delimitación del alcance del Fuero de Corte Provincial

​El proyecto establece reglas claras sobre la aplicación del Fuero de Corte Provincial para autoridades locales y ediles. Se precisa que el fuero penal especial cobija únicamente los actos, resoluciones o votos emitidos en el ejercicio estricto de sus funciones públicas e institucionales. Las actuaciones personales, civiles o comunes de las autoridades seguirán el cauce procesal ordinario ante los jueces de primera instancia.

​13. Integración transversal de la Gestión Integral de Riesgos en los PDOT

​Todos los niveles de GAD estarán obligados a incorporar de forma transversal la prevención, mitigación de riesgos y planes operacionales de contingencia frente a eventos naturales o antrópicos dentro de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). La asignación presupuestaria de los gobiernos locales quedará vinculada técnicamente a la ejecución efectiva de estas medidas de reducción de vulnerabilidad.

​14. Convenios de concurrencia e inversión conjunta Ejecutivo-GAD

​Se regula el marco de coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos seccionales mediante la suscripción de convenios de concurrencia. El mecanismo permitirá cofinanciar y ejecutar de manera compartida obras de envergadura —como ejes viales, sistemas de riego e infraestructura de saneamiento básico—, eliminando la duplicidad de funciones y asegurando una asignación eficiente de recursos públicos en el territorio.
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Proceso constitucional en marcha:

​Tras la aprobación por parte del Legislativo, el texto fue remitido a la Presidencia de la República. El Primer Mandatario dispone de un plazo constitucional de 30 días para otorgar la sanción correspondiente o presentar un veto parcial o total a la normativa. De no registrarse objeciones, el paquete reformatorio entrará en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Registro Oficial.