¿Fondos ilícitos en la campaña del 2023?

Tras la audiencia de formulación de cargos del 23 de octubre, el Caso Laberinto —que investiga un presunto lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña presidencial anticipada de 2023— sumó nuevas piezas a su expediente.

Las tres respuestas oficiales de la Fiscalía en X:

¿Lavado de activos en el financiamiento electoral? La Fiscalía sigue el rastro de los recursos que habrían financiado una campaña presidencial y sus posibles vínculos con otros casos que también están bajo investigación.

¿De dónde habrían salido los recursos? Investiga si parte del financiamiento de la campaña de 2023 del binomio Luisa G. y Andrés A. provino de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos. La hipótesis vincula esos recursos con Ternape Petroleum S. A., empresa relacionada con Aquiles A.

¿Cuál es la relación con el Caso Triple A? Ternape fue declarada culpable en primera instancia en ese caso por comercialización ilegal de hidrocarburos; en Laberinto se investiga si recursos relacionados con esas actividades se destinaron al financiamiento electoral. La conexión entre ambos casos está bajo investigación.

Lo que añaden las nuevas piezas del expediente:

•Dos vías de pago. Transferencias desde cuentas de Ternape a proveedores de publicidad electoral —con proformas a nombre del movimiento y facturas posteriores a nombre de la empresa— y cheques al portador para convertir fondos bancarios en efectivo y pagar brigadistas, movilización y logística.

Comunicaciones. El 25 de junio de 2023 se habría dispuesto que los gastos de campaña se remitieran a Ternape; un día después, una conversación atribuida a Aquiles A. fijaría un presupuesto máximo de USD 300.000 para brigadistas y camisetas, pagadero en efectivo; y una comunicación del 18 de agosto indicaría que la factura no debía incluir la palabra "campaña".

Vehículos sin pago real. Según el expediente del caso Goleada, Ternape habría transferido a la empresa del asambleísta Raúl C., procesado en ese caso, un vehículo Toyota (marzo de 2023) y una camioneta Ford F-150 (octubre de 2023), con una factura de USD 40.000 por "servicios profesionales" que la UAFE no respalda con transacción alguna. Son hechos de otro proceso, citados por la Fiscalía como ejemplo de gastos ajenos a la actividad de la empresa.

Cifras de la UAFE. Ternape habría recibido USD 192,2 millones en sus cuentas entre 2020 y 2024, frente a USD 151,7 millones declarados al SRI: una diferencia de unos USD 40 millones, según el informe citado por Primicias.

Montos en discusión. La Fiscalía calculó en la formulación de cargos alrededor de USD 500.000 de presunto origen ilícito; un chat de julio de 2024 reseñado por Primicias sumaría USD 447.933 en la primera vuelta y USD 278.000 en la segunda. La diferencia deberá aclararse en la instrucción fiscal.

Contexto patrimonial de dominio público:

Como dato de referencia, al término de su mandato en la Asamblea Luisa G. A. declaró ante la Contraloría un patrimonio de USD 43.969, según reseñó Teleamazonas en 2023. La cifra no es parte de la hipótesis fiscal: las campañas se financian principalmente con aportes declarados ante el CNE y recursos de la organización política, y lo que se investiga es el origen de esos aportes. El contraste relevante es el de la propia campaña: USD 201.360 declarados en 64 aportaciones y USD 75.292,34 en aportes monetarios, frente a los aproximadamente USD 500.000 que la Fiscalía calcula como recursos de presunto origen ilícito, circulados fuera de lo declarado.

Situación procesal y derecho a la defensa:

El 23 de octubre, el juez de garantías penales ordenó prisión preventiva para Luisa G. A., Joseph D. A. y Wendy O. G., con medidas alternativas para Estefanía M. F. La instrucción fiscal tiene un plazo de noventa días. La defensa de la excandidata apeló la medida y formalizó el recurso por escrito; el expediente pasó a otra unidad judicial, que deberá fijar la audiencia, y la orden sigue vigente hasta que exista una nueva decisión.

La excandidata ha calificado la acusación como absurda y su defensa sostiene que no hay prueba de que conociera el origen de los aportes. Son posiciones legítimas que deberán contrastarse ante los jueces. La Fiscalía investiga y presenta pruebas; los jueces valoran y resuelven.

Este comunicado se limita a la hipótesis fiscal sobre el origen y la circulación de los recursos de la campaña y no constituye un pronunciamiento sobre culpabilidad. Las personas y empresas mencionadas gozan de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada; las sentencias citadas son de primera instancia y pueden ser apeladas. Fuentes: comunicaciones de la Fiscalía, El Universo (29 de octubre), Primicias (28 de octubre), Teleamazonas (2023).