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Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes al superar por tercer mes consecutivo los 700 homicidios. Según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, en febrero se registraron 736 asesinatos, tras un enero y diciembre violentos que contabilizaron 793 y 710 crímenes, respectivamente.

El país, que se encuentra bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir a las bandas criminales, ha acumulado un total de 1.529 homicidios en lo que va del año. Esta cifra es significativamente superior a los 892 asesinatos registrados en el mismo período de 2023 y a los 1.039 ocurridos en 2022, año que hasta entonces ostentaba el récord de violencia en Ecuador.

La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro de la crisis de seguridad, con 384 homicidios en febrero y 395 en enero. En particular, la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, concentró 300 asesinatos en febrero y 303 en enero, atribuidos en su mayoría a disputas territoriales entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico, según la Policía Nacional.

Otras provincias de la costa ecuatoriana también presentan altos índices de violencia. Manabí registró 74 homicidios en febrero, mientras que Los Ríos alcanzó 104 crímenes en el mismo período.

Ecuador continúa en una lucha frontal contra el crimen organizado, con operativos militares y policiales en diversas zonas del país. Sin embargo, el aumento sostenido de los homicidios evidencia la magnitud del desafío que enfrenta el Gobierno en su intento por restaurar la seguridad y el orden.

Un día después del debate presidencial, la candidata Luisa González reflexionó sobre el encuentro y rubrayó su compromiso con el país, señalando la urgencia de recuperar la economía, fortalecer la educación y la salud, así como garantizar el respeto a la institucionalidad.

“Nos volvimos a encontrar después de 15 meses, en exactamente el mismo espacio en donde el pueblo ecuatoriano escuchó mentiras que jamás se cumplieron...nos dijeron, no vamos a subir el IVA y lo subieron; que todos los graduados del colegio iban a entrar a la universidad y se quedaron fuera del sistema educativo cerca de 250 mil jóvenes...la reflexión es para los ecuatorianos, el poder contrastar..., expresó González, en referencia a las promesas incumplidas por el gobierno actual.

En entrevista con un canal de televisión, la candidata reiteró que fortalecerá la dolarización y recordó que el Código Orgánico Monetario Financiero, establece que  todas las transacciones en el país se hacen en dólares.

Luisa González insistió en su promesa de reducir el IVA y explicó cómo compensará esta medida sin afectar las finanzas del Estado. “Vamos a reactivar la economía y recuperar recursos cobrando a los grandes deudores del SRI”, aseguró. En este sentido, cuestionó que mientras a los ciudadanos se les exige pagar impuestos puntualmente, “la familia más rica del país, que al momento gobierna ” mantiene una deuda en firme sin ser cobrada.

González destacó además, que su plan económico contempla inversión pública en sectores clave como salud, educación y seguridad, generando crecimiento y empleo. Afirmó que el sector privado será un aliado estratégico en infraestructura y energía. En cuanto a la seguridad jurídica, González enfatizó que la estabilidad institucional es clave para el desarrollo. "La confianza parte por saber decir la verdad y que la gente sepa que enfrenta a un gobierno que cuando dice algo, eso es lo que se va a hacer", sostuvo.

Sobre la educación, la candidata dijo que reincorporará a los docentes despedidos y entregará nombramientos definitivos a maestros con contratos ocasionales. "Porque llevan ya más de 2, 3 años con contratos ocasionales, lo que quiere decir que su actividad no es temporal, sino permanente", explicó.

Luisa González aseguró que su plan de gobierno prioriza el bienestar de los ecuatorianos, con un enfoque social que articula el sector público, la empresa privada y la comunidad internacional.

Este lunes 24 de marzo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lleva a cabo la audiencia en la que se resolverá el futuro político de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La sesión extraordinaria número 071-2025-PLE-TCE inició a las 10:37 y se desarrolla de forma telemática con la participación de la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, y los jueces Fernando Muñoz, Ángel Torres y Joaquín Viteri. El juez Richard González Dávila interviene de manera virtual.

El proceso surge a raíz de la denuncia presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero, quien acusó a Abad de presunta violencia política de género. La defensa de la ministra de Relaciones Exteriores sostiene que la vicepresidenta intentó apartarla de su cargo a través de insultos y menoscabos a su imagen pública en medios de comunicación.

El juez Guillermo Ortega ya emitió un fallo en el que dio la razón a Sommerfeld y sancionó a Abad con la suspensión de sus derechos políticos por dos años, una multa de 30 salarios básicos (USD 14.100) y la obligación de ofrecer disculpas públicas a la canciller.

Sin embargo, la revisión del caso ha generado controversia dentro del TCE. El juez Richard González solicitó un diferimiento el pasado 21 de marzo, argumentando que el proyecto de sentencia le fue enviado tarde, lo que le impidió revisarlo con la debida antelación. Por su parte, el juez Fernando Muñoz enfatizó la importancia de analizar el caso en profundidad, dada su relevancia para el país.

La decisión del TCE marcará un precedente en el ámbito político y jurídico del país, mientras la vicepresidenta Abad enfrenta un panorama incierto sobre su permanencia en el cargo.

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, promoviendo la igualdad de oportunidades y la autonomía para este colectivo. Este año, el lema internacional es "Derribar barreras", resaltando la importancia de la inclusión en educación, salud y empleo.

A lo largo de los años, los avances médicos han mejorado la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, permitiéndoles superar los 50 años de edad en la mayoría de los casos. Además, iniciativas globales como el uso de calcetines desparejados buscan generar conciencia y celebrar la diversidad.

Más que una fecha, este día es un llamado a construir una sociedad sin prejuicios, donde la inclusión sea una realidad y no solo un ideal.

El 21 de marzo, Ecuador celebró un hito en la profesionalización de su Policía Nacional con la incorporación de 1,905 nuevos servidores policiales, en el marco de los 87 años de su profesionalización y los 179 años de su institucionalización.

El evento, realizado en la ciudad de Quito, contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro del Interior, John Reimberg.

Los nuevos graduados, quienes pertenecen a la Décima Segunda Cohorte 2025, completaron su formación en diversas escuelas de Cuenca, Santa Elena, Los Ríos, Latacunga y Tambillo. La incorporación de estos efectivos fortalecerá la seguridad en el país y se suma a la lucha contra el crimen y la delincuencia, áreas prioritarias para el gobierno ecuatoriano.

Durante la ceremonia, también se entregaron 234 patrulleros a la Policía Nacional, vehículos destinados a reforzar la vigilancia y el patrullaje en puntos estratégicos del país. "Estos vehículos son herramientas fundamentales para una respuesta eficiente y son símbolos de un gobierno profundamente comprometido con la seguridad del Ecuador", destacó el Ministerio del Interior.

En su discurso, el presidente Noboa reafirmó el respaldo del gobierno a la labor policial. "Entendimos desde el primer día que la seguridad no se discute, se garantiza. Hoy no solo fortalecemos la logística de nuestra Policía, hoy también enviamos un mensaje al país entero: quien se pone el uniforme no está solo, este gobierno lo respalda, protege y lo acompaña", expresó.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, subrayó el impacto de esta incorporación en la lucha contra la inseguridad. "Este es un paso significativo en el compromiso por fortalecer la seguridad en el país. No hay sacrificio más grande, ni acto más noble que aquel que entrega su existencia por la paz y la justicia", afirmó.

Con la incorporación de estos nuevos efectivos y el reforzamiento de la infraestructura policial, el gobierno de Ecuador continúa su esfuerzo por garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) definirá este viernes 21 de marzo de 2025 si suspende de manera definitiva los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. La sesión está prevista para las 18:15 y contará con la participación de los jueces Joaquín Viteri, Ángel Torres, Fernando Muñoz, Ivonne Coloma y Richard González.

Si la resolución del TCE es desfavorable para Abad, quedará inhabilitada para ejercer la Vicepresidencia. La funcionaria intentó apartar a los magistrados Coloma y Torres del caso, alegando enemistad manifiesta, pero el tribunal rechazó su pedido.

Horas antes de la sesión, a las 12:06, se reportó una presunta amenaza de bomba en la sede del TCE en Quito, lo que obligó a evacuar a los funcionarios. Sin embargo, la Policía confirmó que se trató de una falsa alarma.

La decisión del TCE será clave para el futuro político de Abad, quien enfrenta un proceso que podría dejarla fuera del cargo de manera definitiva.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la actualización del calendario de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, extendiendo el periodo de campaña electoral entre la candidata correísta Luisa González y el presidente-candidato Daniel Noboa.

Según la resolución aprobada, la campaña electoral iniciará el domingo 23 de marzo y finalizará el jueves 10 de abril. Esto significa que comenzará el mismo día en que se desarrollará el debate presidencial obligatorio. De acuerdo con el CNE, esta ampliación busca brindar a la ciudadanía más tiempo para conocer los planes y propuestas de los candidatos que aspiran a la Presidencia de la República.

Además, en cumplimiento de las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral y tras un análisis técnico, el CNE actualizó las directrices para la ejecución del proceso electoral en segunda vuelta.

Como parte de estas disposiciones, se dispuso equiparar el mismo número de funcionarios operativos que en la primera vuelta. El objetivo es reforzar la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, así como de coordinadores de recinto y de mesa, con el fin de garantizar que todos los actores involucrados en la jornada electoral comprendan sus responsabilidades.

En otro punto, el Pleno del CNE aprobó el límite máximo de gasto electoral para el balotaje presidencial, fijado en USD 2’197.810,24.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral determinó que los votantes no podrán acudir a las urnas con teléfonos en la mano durante la jornada electoral del 13 de abril. En caso de incumplimiento, los ciudadanos podrían enfrentar multas que van desde USD 9.200 hasta USD 32.000.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a participar en la segunda vuelta electoral, en la que se decidirá si Daniel Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029) o si Luisa González se convierte en la primera mujer en ser electa como presidenta del Ecuador.

En un megaoperativo simultáneo en seis provincias del país, la Policía Nacional capturó a 14 presuntos integrantes de la organización criminal Los Lobos, entre ellos Álvaro M., alias Palanqueta, considerado un objetivo de alto valor y tercero al mando de la estructura delictiva.

El operativo "Fénix 17" se ejecutó la madrugada del 20 de marzo de 2025 en Chimborazo, Tungurahua, Los Ríos, Azuay, Guayas y Pichincha. Alias Palanqueta fue detenido dentro de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, mientras que otros sospechosos, como Noemí C. y Jonathan B., fueron arrestados en distintos puntos del país.

Según el general Fausto Íñiguez, los detenidos estarían vinculados a la ola de violencia ocurrida entre el 5 y 25 de enero de 2024, que incluyó amotinamientos carcelarios, quema de vehículos policiales y amenazas contra el presidente Daniel Noboa y la fiscal Diana Salazar. También se les atribuyen delitos como asesinato, terrorismo, sicariato, secuestro, extorsión y robo de vehículos.

De acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura, Álvaro M. tiene procesos judiciales por terrorismo, asesinato, tráfico de drogas e intimidación. Fue acusado de planear y ejecutar la retención de 55 personas en la cárcel de Turi en enero de 2024. Además, habría coordinado con otros líderes criminales para mantener el control en distintas cárceles del país.

Pese a que ya enfrenta un proceso por terrorismo, expertos legales señalan que podría ser procesado por nuevos delitos. Mientras la Fiscalía define los cargos que se le imputarán, las autoridades aseguran que su captura es un duro golpe contra la estructura de Los Lobos y su influencia en el crimen organizado del país.

La Policía Nacional de la Subzona Bolívar a través de la Policía Judicial de Bolívar informa que, el día 20 de febrero de 2025 a las 09:37, en la Av. Gil Avilés y SN del Cantón Las Naves, se realizó la detención de un ciudadano ecuatoriano en cumplimiento a una Orden de Detención.

El detenido, Yofre A I G, es considerado Objetivo de Intermedio Valor en esta Subzona y registra denuncias y procesos judiciales por el delito de robo.

Esta categorización se otorga a personas que han demostrado ser parte de estructuras criminales y han participado en actividades delictivas de moderada a alta complejidad.

La detención se llevó a cabo en el marco de una investigación por el delito de asesinato, y el detenido será trasladado al centro de rehabilitación social Bolívar Nro. 1, para ser puesto a órdenes de la Autoridad Competente.

La asambleísta Paola Cabezas (RC) fue denunciada por su colega Nataly Morillo (ADN) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por un presunto delito de "pánico económico". La denuncia se basa en declaraciones de Cabezas sobre una supuesta "dolarización a la ecuatoriana" con una alternativa de pago denominada "ecuadólar".

Morillo argumentó que estas afirmaciones han generado incertidumbre en la ciudadanía y debilitan la confianza en el sistema financiero. Se ampara en el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con hasta siete años de prisión a quienes difundan noticias falsas que afecten la economía.

Cabezas negó ser vocera económica de su partido y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa reafirmó que el dólar seguirá siendo la única moneda oficial en Ecuador. La FGE deberá decidir si abre una investigación formal.

En el sector de Alungoto, km 65 de la vía Guaranda - Balsapamba, donde la calzada quedó reducida a la mitad debido a un deslizamiento de tierra, se han realizado trabajos de limpieza para permitir el paso de vehículos.

Las autoridades han confirmado que la vía estará completamente habilitada el sábado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Mientras tanto, se recomienda a los conductores transitar con precaución, ya que el terreno sigue siendo inestable y la circulación está parcialmente restringida.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) al momento continúa con labores de remoción de escombros y monitoreo de la zona para evitar nuevos incidentes. Se insta a la ciudadanía a estar atenta a las actualizaciones oficiales sobre el estado de la carretera.

El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, uno de los cuatro procesados en el Caso Ligados por presunta asociación ilícita, lanzó este miércoles 19 de marzo fuertes críticas contra la banca, los medios de comunicación y las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

Las declaraciones de Verduga llegan en un momento clave del proceso judicial, luego de que la Fiscalía revelara chats encontrados en su celular, en los cuales, bajo el seudónimo "Mónica", habría coordinado estrategias para tomar el control de la institucionalidad del Estado.

Según la Fiscalía, estos mensajes evidenciarían un plan para designar autoridades afines al correísmo, como el Superintendente de Bancos, y cometer otros presuntos delitos, como tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas.


A través de la red social X, Verduga defendió su postura, asegurando que su único "delito" ha sido desafiar al "poder más monstruoso del país: la banca privada". En su mensaje, denunció que las entidades financieras siguen lavando "miles de millones de dólares mal habidos" en medio de la crisis económica que golpea al Ecuador, mientras las grandes fortunas "se hacen a costa de la desesperación de miles de ecuatorianos".

El exvocal del CPCCS también aseguró ser víctima de un "ataque brutal" y acusó a los medios de comunicación de centrarse en "chismes y acusaciones sin fundamento" en lugar de informar sobre los verdaderos problemas que afectan a la ciudadanía.

Verduga, vinculado a la Liga Azul, corriente afín al correísmo, no desaprovechó la oportunidad para referirse a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentarán Luisa González y Daniel Noboa.

En su declaración, afirmó que el Ecuador está por cerrar "un ciclo de destrucción" y lanzó un llamado a la resistencia: "No podrán quebrarnos. La persecución no nos hará caer. Este ciclo de destrucción, que inició con Moreno y continuó con Lasso y Noboa, está por llegar a su fin. El pueblo está despierto, el país está cansado del juego sucio y pronto veremos un nuevo amanecer para nuestra sufrida Patria", concluyó.

Mientras tanto, la Fiscalía avanza con las investigaciones del "Caso Ligados" argumentando que la evidencia hallada en los dispositivos de los procesados podría confirmar una estructura organizada para manipular instituciones clave del Estado.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) hizo un llamado a ONG, voluntarios y profesionales en áreas ambientales para sumarse a las labores de limpieza y restauración ecológica en el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, afectado por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 13 de marzo en Quinindé.

La convocatoria, emitida este martes 18 de marzo, busca personas con experiencia en trabajo de campo y manejo de fauna silvestre, incluyendo biólogos, veterinarios e ingenieros ambientales. Los interesados pueden inscribirse enviando un correo a manosxlanaturaleza@ambiente.gob.ec, detallando su formación.

El derrame, provocado por la rotura de un oleoducto debido a un derrumbe, contaminó al menos cinco ríos, incluido el Esmeraldas, afectando el acceso al agua potable de 500.000 personas, según el alcalde Vicko Villacís.

El MAATE destacó la urgencia de la participación ciudadana para mitigar el impacto ambiental y ayudar a la recuperación del ecosistema. "¡Unamos esfuerzos por la naturaleza y la vida silvestre!", enfatizó la institución en su comunicado.

El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió este martes 18 de marzo de 2025 el Decreto Ejecutivo 565, en el que ratifica al dólar de los Estados Unidos como la única unidad monetaria y medio de pago oficial en Ecuador.

Según el documento, esta disposición entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial.

En el marco de esta decisión, el Gobierno Nacional instó a la bancada de Alianza Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional a proponer una reforma al artículo 303 de la Constitución.

La modificación busca reforzar el rol del Banco Central del Ecuador en la estabilidad monetaria, prohibiendo la emisión de cualquier moneda alternativa al dólar y estableciendo que todas las transacciones financieras en el país se realicen exclusivamente en dólares.

Antes de emitir este decreto, el presidente Noboa habló sobre la importancia de fortalecer la dolarización en Ecuador durante una entrevista en una radio de Azuay.

“Estoy presentando un Decreto para fortalecer la dolarización. Es el único medio de pago oficial”, expresó el mandatario en el enlace radial.

Con esta medida, el Gobierno busca garantizar la estabilidad financiera del país y reforzar la confianza en el sistema monetario dolarizado.

La Policía Nacional del Ecuador informa que, en el Centro de Privación de Libertad Bolívar N°1, se ha producido la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL).

Los fugados son Gaibor Armas Eddy Rene y Guarderas Meza Holger Daniel.

La Policía Nacional del Ecuador ha iniciado una investigación y se están realizando acciones para encontrar y capturar a los fugados.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a encontrar y capturar a los fugados.

A pocos días de recobrar su libertad, Mayra Salazar, clave en los casos Metástasis y Purga, ha sido denunciada por el presunto delito de perjurio. La acusación fue presentada por Fausto Alarcón, primo del exasambleísta Pablo Muentes, ante la Fiscalía de Quito el pasado lunes 10 de marzo. Según Alarcón, Salazar habría emitido declaraciones falsas bajo juramento en el proceso judicial del caso Purga.

La defensa de Salazar, representada por el abogado Leonardo Toledo, ha desestimado la denuncia, asegurando que no afectará la liberación de su clienta, prevista para este viernes 14 de marzo. “No hay fundamento en esta acusación. La cooperación de Mayra Salazar se basó en pruebas documentales, no solo en su testimonio”, afirmó Toledo. Asimismo, el abogado manifestó que la denuncia tendría motivaciones políticas y que su clienta es víctima de represalias por su papel en las investigaciones judiciales.

Por otro lado, Toledo señaló que Alarcón debería preocuparse por una investigación pendiente en su contra por presunto tráfico de tierras. Según la defensa de Salazar, existen documentos que demostrarían que Alarcón se habría apropiado de propiedades de manera irregular. “Es un caso que involucra más de 300 millones de dólares y que saldrá a la luz muy pronto”, afirmó el abogado.

Mientras tanto, las autoridades han reforzado la seguridad en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, donde Salazar cumple su condena de 15 meses en el marco del caso Metástasis. Según fuentes cercanas, tras su liberación, la relacionista pública tiene previsto abandonar el país, aunque no se han revelado detalles sobre su destino. La Fiscalía, por su parte, deberá determinar si la nueva denuncia en su contra procede o si se trata de un intento de obstaculizar su proceso de cooperación con la justicia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este viernes la prohibición de tomar fotografías a la papeleta electoral durante los comicios del próximo 13 de abril. La medida busca garantizar el secreto del voto y evitar posibles irregularidades en el proceso electoral.

Según informaron las autoridades, quienes incumplan esta disposición podrán enfrentar sanciones económicas severas. El artículo 279, numeral 12, del Código de la Democracia establece que desobedecer resoluciones del CNE constituye una infracción electoral muy grave, sancionada con multas de entre USD 9 870 y USD 32 900, equivalentes a 21 y 70 salarios básicos unificados. Además, los infractores podrían perder sus derechos políticos.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que la entidad aplicará los procedimientos establecidos para sancionar infracciones electorales. “Se aplicarán los mismos procedimientos que se realizan cuando se tiene que sancionar una infracción electoral”, indicó. Para ello, se está trabajando en coordinación con las áreas técnicas y siguiendo los pasos establecidos en la resolución.

El CNE se encargará de registrar las infracciones, y desde las provincias y ciudades principales se remitirán las denuncias al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo será el encargado de evaluar cada caso, garantizar el debido proceso y aplicar las sanciones correspondientes. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a respetar esta normativa para asegurar la transparencia y legalidad del proceso electoral.

En un golpe contra el narcotráfico, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó la madrugada del 13 de marzo de 2025 el operativo "Fénix 73", logrando la captura de un presunto integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Choneros en el sector Fausto Basantes, cantón Guaranda.

El detenido, identificado como Jaime E. Y. V., figuraba como un "Objetivo de Intermedio Valor" dentro de la estructura delictiva y posee antecedentes penales por robo, tráfico ilícito de sustancias y receptación.

Durante la intervención, en la que también participó la Fiscalía General del Estado, los agentes incautaron 91,13 gramos de cocaína, equivalentes a 911 dosis, además de una balanza electrónica y un teléfono celular, elementos que serían clave en la investigación.

Este operativo se suma a las acciones emprendidas por la Policía Nacional para desarticular redes de narcotráfico y delincuencia organizada en el país. Mientras tanto, el detenido quedó a órdenes de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

En una decisión polémica, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó una nueva restricción que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos al momento de votar. Con tres votos a favor y una abstención, la medida busca evitar registros indebidos y reforzar el secreto del sufragio.

Además, desde las 17:00 y durante el escrutinio, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto tampoco podrán utilizar estos dispositivos, salvo uno de ellos, exclusivamente para llenar las actas.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa ha generado controversia. Mientras algunos la ven como un blindaje contra irregularidades, otros la critican como una medida de control excesivo. ¿Garantía de transparencia o restricción innecesaria?

El Papa Francisco cumple 12 años como líder de la Iglesia católica en un momento crítico, recuperándose de graves problemas respiratorios en el hospital. Desde su elección el 13 de marzo de 2013, ha impulsado reformas profundas para hacer más transparente y efectiva la Santa Sede.

Entre sus principales cambios destacan la mayor presencia de mujeres en cargos de poder, la reforma de las finanzas vaticanas y la lucha contra la pederastia en la Iglesia. Recientemente, nombró a Raffaella Petrini como la primera mujer en presidir la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y a Simona Brambilla como la primera prefecta de un dicasterio.

Además, ha promovido medidas para el control financiero, reduciendo el gasto cardenalicio y exigiendo informes sobre la protección de menores en la Iglesia. Con la Constitución 'Praedicate Evangelium', transformó la administración vaticana y redefinió el colegio cardenalicio con una mayor presencia de Asia y África.

Sin embargo, sus reformas han generado resistencias en el ala más conservadora de la Iglesia, especialmente por decisiones como la bendición a parejas homosexuales. Ahora, con su salud en duda, el mundo católico se pregunta si Francisco podrá continuar con su misión o si el próximo cónclave optará por un sucesor que revierta sus cambios.